Trump continúa su campaña para antagonizar a la comunidad inmigrante de los Estados Unidos, describiendo sus intenciones para su segundo mandato de apuntar a aquellos que tienen ciudadanía obtenida por derecho de nacimiento o naturalización. En un video viral con casi 39 millones de vistas, Trump afirmó que firmaría una orden ejecutiva “dejando en claro a las agencias federales que bajo la interpretación correcta de la ley, en adelante, los futuros hijos de inmigrantes ilegales no recibirán automáticamente la ciudadanía estadounidense”, indicando que la política no se aplicaría retroactivamente. Bajo esta propuesta, al menos uno de los padres tendría que ser ciudadano o residente legal para que el niño reciba la ciudadanía por derecho de nacimiento. Otra iniciativa de impacto potencialmente devastador apuntará a los ciudadanos estadounidenses naturalizados.
Stephen Miller pretende aplicar el proceso de “desnaturalización”, que rara vez se utiliza, para intentar despojar de la ciudadanía a inmigrantes que han sido ciudadanos durante años o décadas basándose en sospechas de fraude en sus solicitudes de naturalización, dejándolos vulnerables a la deportación junto con sus otros objetivos. Este proceso fue creado en 1906 por estatuto, que establece que la ciudadanía obtenida a través de declaraciones falsas u omisiones fraudulentas puede ser cancelada. La capacidad de revocar la ciudadanía fue limitada por la Corte Suprema mediante decisión unánime en 2017, al declarar que la naturalización solo puede cancelarse por declaraciones “materialmente” falsas, es decir, una mentira u omisión intencional que hubiera prohibido la naturalización. El Departamento de Justicia de la primera administración Trump llevó a cabo la “Operación Segunda Mirada”, un esfuerzo de desnaturalización para investigar la ciudadanía de miles de inmigrantes sospechosos de obtener la naturalización por fraude o engaño, que Miller ha declarado que tiene la intención de repetir.
Sin duda, estas iniciativas se verán obstaculizadas por la oposición legal. Si Miller sigue adelante con sus afirmaciones, cabe señalar que la desnaturalización es un proceso judicial, con derecho a juicio en un tribunal federal, aunque no existe el derecho a un abogado designado en tales casos, lo que obliga a los acusados a asumir los gastos de contratar a un abogado. El abogado de la ACLU, Omar Jadwat, ha declarado que “el litigio es una certeza”, refiriéndose a la supuesta intención de Trump de buscar la eliminación de la ciudadanía por derecho de nacimiento, y ha afirmado además que “sería esencialmente un intento de derribar una de las protecciones constitucionales fundamentales que ha sido una parte clave de nuestro país”. La ciudadanía por derecho de nacimiento se basa en la decimocuarta enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, donde se establece: “Todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de los Estados Unidos y del Estado en el que residen”. Como tal, el presidente no puede poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento mediante una orden ejecutiva, ya que violaría la Constitución de los Estados Unidos.
¡mucho cuidado!
Cuídese de los notarios, consultores en inmigración o cualquier persona no calificada y preparada en estos temas. Siempre busque la asesoría y los servicios de un abogado de inmigración para sus procesos y trámites migratorios.