Tom Homan, el “zar de la frontera” designado por el presidente Trump, ha prometido que se llevarán a cabo las deportaciones masivas planificadas. Cabe señalar que el “zar de la frontera” no es un cargo oficial en el gobierno de Estados Unidos. “Déjenme ser claro: habrá una deportación masiva porque acabamos de terminar una crisis masiva de inmigración ilegal en la frontera”, dijo Homan el martes en la frontera entre Estados Unidos y México con el gobernador de Texas, Greg Abbott, como parte de la Operación Lonestar. Homan ha declarado que este esfuerzo priorizará la deportación de no ciudadanos con condenas penales, pero eso aún está por verse, ya que también ha declarado que se utilizarán redadas en los lugares de trabajo y otras herramientas. Cuando fue entrevistado por Fox News, Homan afirmó que hay “más de 1,5 millones de extranjeros criminales convictos en este país con órdenes de deportación a quienes estaremos buscando”. Al 21 de julio, ICE enumera el número de no ciudadanos con antecedentes penales en aproximadamente 660.000.
Sin embargo, no existe una infraestructura preexistente para llevar a cabo esta deportación masiva. Estados Unidos no ha intentado deportar en masa desde la década de 1950, ya que carece del amplio aparato de detención que facilitaría estas expulsiones. La administración entrante planea cerrar esta brecha en la capacidad a través de varios medios. Las acciones de las empresas de prisiones privadas se disparan, ya que Trump, según se informa, tiene la intención de expandir la detención de inmigrantes en prisiones privadas con fines de lucro. Las autoridades de Texas le han ofrecido a Trump 1.400 acres de tierra a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México para construir centros de detención, aunque enfrenta posibles desafíos legales y dificultades logísticas. Homan ha amenazado a los estados y ciudades que se nieguen a cumplir con los planes de deportación de Trump, incluido el arresto de alcaldes, aunque no existe «ningún mecanismo legal ni precedente legal moderno que permita al gobierno federal encarcelar a los líderes locales por no adherirse a la política de una administración», según Elora Mukherjee, directora de la Clínica de Inmigración de la Facultad de Derecho de Columbia, cuando fue entrevistada por ABC News.
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