El eje central de la campaña de reelección del expresidente Donald Trump fue la promesa de deportar a un número récord de inmigrantes, diciendo repetidamente que estaban “envenenando la sangre” de Estados Unidos. También aprovechó el aumento de los cruces ilegales en la frontera de Estados Unidos con México para sugerir un vínculo con la delincuencia, acusando falsamente a los inmigrantes haitianos de comer gatos y perros, y llamó a Puerto Rico un montón de basura. Lamentablemente, esto resultó exitoso, ya que, según una encuesta de Associated Press, los partidarios de Trump se centraron principalmente en la inmigración y la inflación, y aproximadamente 4 de cada 10 votantes dijeron que los inmigrantes que viven ilegalmente en Estados Unidos deberían ser deportados, un aumento respecto de aproximadamente 3 de cada 10 en 2020.
Según Reuters, algunas encuestas de salida de los centros de votación indicaban que “el 39% de los votantes opinaba que la mayoría de los inmigrantes que se encuentran ilegalmente en Estados Unidos deberían ser deportados, mientras que el 56% opinaba que se les debería permitir solicitar un estatus legal”. Las consecuencias de cumplir estas promesas de campaña traerán inevitablemente efectos nocivos, sobre todo para la economía. Imponer límites estrictos a la inmigración podría amenazar la estabilidad del mercado laboral estadounidense, que se mantiene a flote gracias a los trabajadores inmigrantes, según la NPR. Además, su plan arancelario propuesto, si se implementa, probablemente será muy desestabilizador para las relaciones comerciales de Estados Unidos y aumentará los costos para el público en el país.
En cuanto a estas promesas de campaña, son ciertamente sombrías. Trump ha afirmado que invocará la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, un estatuto de tiempos de guerra que permite al presidente deportar a cualquier no ciudadano de un país con el que Estados Unidos esté en guerra, y mencionó el uso de la Guardia Nacional, que requeriría órdenes de un gobernador. El uso de esta ley casi con certeza generaría impugnaciones en los tribunales, por su historial de permitir abusos de los derechos humanos durante algunos de los momentos más oscuros de la historia del país. En las tres ocasiones en que se ha utilizado, permitió campos de internamiento para personas de ascendencia japonesa, italiana y alemana, incluidos ciudadanos. Trump también ha dicho que tiene la intención de ampliar el modelo establecido por la campaña de deportación masiva de Eisenhower de 1954, la Operación Espalda Mojada, utilizando tácticas militares, tanques y aviones, que vieron a personas sacadas de sus hogares, lo que resultó en la deportación de un millón de personas.
Es importante señalar que durante su presidencia (2017-2021), Trump luchó para aumentar drásticamente las deportaciones, según datos del gobierno. Durante su presidencia, criticó las políticas de Biden que apuntaban a crear y expandir vías legales de ingreso, restringiendo el uso del Estatus de Protección Temporal, que permitía a las personas que ya estaban en Estados Unidos quedarse si sus países de origen se consideraban inseguros. También buscó poner fin al programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, a pesar de su histórico apoyo bipartidista, ya que permite a sus cientos de miles de beneficiarios vivir y trabajar en el país al que fueron traídos cuando eran niños pequeños.
Su administración podría presionar a México para que restablezca las políticas de la era Trump que obligaban a los solicitantes de asilo a esperar allí para las audiencias en la corte de inmigración de Estados Unidos. Con respecto a la logística de esta amenaza de deportación masiva, los funcionarios actuales y anteriores del ICE dicen que la parte difícil será encontrar el dinero, según CNN, ya que el costo promedio del proceso solo ha aumentado. La falta de personal también se ha citado como una dificultad. Los grupos de defensa de los inmigrantes advierten sobre el costo humano de este esfuerzo divisivo: separaciones familiares y comunidades devastadas. Estos grupos, junto con la ACLU, se han estado preparando para las batallas judiciales en caso de que Trump vuelva a poner a prueba los límites de su autoridad legal.
¡mucho cuidado!
Cuídese de los notarios, consultores en inmigración o cualquier persona no calificada y preparada en estos temas. Siempre busque la asesoría y los servicios de un abogado de inmigración para sus procesos y trámites migratorios.